Respuesta enviada al Diario La Nación S.A , publicada incompleta en edición del 19 de Julio .
Lo subrayado es lo que no publicó La Nación.
DERECHO DE RESPUESTA DE LA COMISION NACIONAL DE ENLACE AL PERIODICO LA NACION
NI EXTREMISTAS, NI SEDICIOSOS
DEFENDEMOS LA INDEPENDENCIA DE LOS PODERES QUE
CONFORMAN LA INSTITUCIONALIDAD COSTARRICENSE
En su Editorial, en sus columnas y artículos el Diario La Nación S.A. ha querido mostrar a los integrantes de la Comisión Nacional de Enlace como grupos extremistas y subversivos que hacen llamados a la violencia y a desconocer la institucionalidad democrática.
Nada más alejado de la verdad. En el comunicado de prensa de esta Comisión de Enlace enviado a los medios sobre la resolución de la Sala IV referida a la constitucionalidad del TLC; NO desconocemos la institucionalidad costarricense como maliciosamente lo presenta este diario. Lo que aseguramos es que no nos pueden merecer respeto pronunciamientos de instancias como el de la Sala Constitucional, cuyos integrantes responden a los intereses políticos de este Gobierno. Señalamos también en el Comunicado que son los hermanos Arias Sánchez quienes han secuestrado la institucionalidad costarricense.
Veamos algunos ejemplos de este secuestro de la institucionalidad: En su primera administración, Oscar Arias, mediante el decreto ejecutivo No 268 de diciembre de 1987 le permitió a la transnacional Millicom operar ilegalmente la telefonía celular; acción declarada inconstitucional, mediante el fallo No 5386-93 de Octubre de 1993, porque se había violentado el artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política. Esta acción ilegal, que arriesgó al país a una demanda de $450 millones, dichosamente fue desmontada, pero los responsables políticos entre ellos Oscar Arias quedaron impunes. Paradójicamente era presidente de la Sala IV, Luis Paulino Mora, quién votó en aquella ocasión en contra del decreto ilegal firmado por Oscar Arias. Hoy, en un tema que violenta en mayor proporción la Carta Fundamental, Luis Paulino Mora votó a favor de un TLC abiertamente inconstitucional. ¿Porqué un día no y otro día sí?.
En el 2003 la Sala IV autorizó la Reelección Presidencial que ya había sido rechazada, cuando hubo cambios en los magistrados que la integraban; las presiones ejercidas sobre ella se plasmaron en un libro de un connotado liberacionista. Los Magistrados que deberían ser funcionarios técnicos del Estado de Derecho que respondan a éste, son desde hace años, nombramientos políticos, producto del acuerdo de las cúpulas del Bipartidismo. En el año 2005, salen a la luz pública una serie de actos de corrupción que tocan a expresidentes y a altos funcionarios públicos. Es este Bipartidismo quien realmente ha secuestrado la institucionalidad democrática costarricense, repartiéndose Presidencias Ejecutivas, Juntas Directivas de Instituciones, Ministerios y puestos en el Poder Judicial y permitiendo oscuros negocios como el de Riteve, Alterra, concesiones de tierras, carreteras y obra pública, entre muchos otros.
En estas circunstancias, nadie debe arrogarse la Soberanía del pueblo ni tratar de amedrentar a los ciudadanos y a las ciudadanas para que no juzguen las actuaciones de los funcionarios públicos, salvo que renunciemos a las reglas que rigen toda democracia. En un ambiente donde las resoluciones de los distintos poderes no son el resultado de discusiones democráticas, con un gobierno autoritario que niega el diálogo democrático, impone mayorías mecánicas en la Asamblea, reprime el libre ejercicio de la libertad de expresión, atropella la institucionalidad, difama y persigue a sus más firmes adversarios, no podemos hacer otra cosa que manifestar enérgicamente, que quienes han venido atropellando la legalidad y la institucionalidad han sido y son, otros.
Desde la Comisión de Enlace, espacio abierto y plural donde converge una diversidad del espectro social, rechazamos tajantemente las irresponsables declaraciones y acusaciones del Periódico La Nación y de otros que se han hecho eco de ellas, como CANARA. Hemos sido ciudadanos respetuosos del orden jurídico institucional pero no permitiremos que se conculquen nuestros derechos a la libre expresión del pensamiento y pretendan que aceptemos la impunidad con que actúan los políticos y empresarios en alianza, que no satisfechos con desmantelar el Estado Social de Derecho, hoy pretenden entregarlo a los intereses de las empresas transnacionales.
El TLC determina una dirección jurídica y económica de la vida institucional y por lo tanto cambia el curso de la Historia del país. Los que hoy nos oponemos a él hacemos una defensa patriótica, porque con este Tratado las generaciones venideras quedan atadas para siempre y se ven afectadas negativamente; un sin número de sectores e instituciones del Estado: los agricultores y ganaderos, los arroceros, pequeños y medianos empresarios nacionales, la población indígena, la biodiversidad, los recursos naturales (el agua), el territorio marino, la seguridad social, los sistemas de salud, los colegios profesionales, las telecomunicaciones, los seguros.
Este es un pulso desigual: los del Sí tienen a su disposición los medios de comunicación, financiamiento millonario nacional e internacional, contrataciones de agencias publicitarias, recursos del Gobierno y un reglamento del TSE débil y complaciente que no garantiza el control, la equidad y la transparencia en el proceso del Referéndum. Es una responsabilidad histórica salir a VOTAR NO, el próximo 07 de Octubre, ya que es la oportunidad para que el pueblo saque a relucir su enorme reserva moral y patriótica, que le permita, además de impedir la aprobación del TLC, detener la actual estrategia neoliberal de Casa Presidencial que nos trata de imponer mediante una “Tiranía Democrática”. Vamos a participar activamente para demostrar que hoy los intereses de la Patria se expresarán mayoritariamente en el voto de miles y miles de costarricenses, que votarán por un claro y contundente NO AL TLC y a los proyectos privatizadores de la AGENDA DE IMPLEMENTACION.
Por: COMISION NACIONAL DE ENLACE
Jorge Coronado Marroquín,
Cédula: 2-343-614
San José, 13 de Julio 2007